Chilpancingo, Gro. 27 de Junio del 2017 (IRZA). – Las fuerzas federales y estatales no pueden desarmar a las policías ciudadanas o grupos de autodefensa porque caerían en riesgo de generar un “enfrentamiento” con graves consecuencias, consideró el fiscal Xavier Olea Peláez durante su comparecencia este lunes ante comisiones unidas en el Congreso local.
Señaló directamente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) como responsables de la masacre de siete integrantes de una familia en San Pedro Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
“Los sujetos responsables son de la policía comunitaria que opera en esa zona de Acapulco y miembros de la UPOEG”, confirmó este lunes al comparecer ante diputados locales.
Dijo que ya tienen ubicados a los presuntos responsables y hasta saben cómo se llaman, pero se reservó detalles por el nuevo Sistema de Justicia Penal, pero resaltó que ya les giraron órdenes de aprehensión.
Contó que el surgimiento de esos grupos es un “problema heredado” al gobernador Héctor Astudillo Flores, cuyos integrantes portan armamento exclusivo del Ejército, incluso de la propia Armada de México.
Intentar detenerlos o desarmarlos podría desencadenar en “enfrentamientos”, lo que generaría “un caos”. “Si hoy tenemos muchos muertos, seguramente tendríamos más, amén de que no tengo suficientes policías para enfrentar a todas las policías comunitarias”, dijo.
“No estimaos prudente desde el punto de vista político porque se ensangrentaría el estado, tener constantes enfrentamientos con estos sujetos; hay unos más bravos que otros”, manifestó, al confirmar que varios de ellos tienen orden de aprehensión.
Presume avances de crímenes políticos
Respecto al crimen del alcalde de Pungárabato, Ambrosio Soto Duarte, dijo que el homicidio ocurrió en territorio del estado de Michoacán y que las investigaciones del caso están en manos de las autoridades de aquella entidad.
Agregó que han aportado elementos para esclarecer el caso, pero afirmó que los responsables del crimen es la delincuencia organizada que opera en la zona limítrofe de ambas entidades.
Sobre el asesinato del periodista Cecilio Pineda, ocurrido en Ciudad Altamirano, dijo que se investiga conjuntamente con la Procuraduría General de la República (PGR) y que ya libraron ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables sin lograr ninguna detención hasta el momento.
Del crimen del Demetrio Saldívar Gómez, extinto secretario general del PRD en Guerrero aseguró que en breve se dictará sentencia contra el presunto responsable. Mientras que, del asesinato del diputado local del PRD, Royer Arellano Sotelo y su tío, Octavio Arellano, mencionó que ya se logró la detención de cuatro presuntos culpables, quienes se encuentran vinculados a proceso.
Respecto a la privación ilegal de la libertad del ex diputado federal del PRD, Catalino Duarte Ortuño, informó que ya cuentan con datos “que pudieran estimar en dónde se encuentra y quien lo pudiera tener”, de cuya información tiene conocimiento su familia.
Y finalmente sobre el ex alcalde de Tlapa, Willy Reyes, presunto responsable del asesinato del ex diputado federal, Moisés Villanueva, aseguró que está interesado en su captura y que incluso ha solicitado la colaboración de la PGR y de la Interpol.
La Fiscalía carece de recursos financieros
Al comparecer ante diputados, el titular de la Fiscalía General del Estado aseguró que su gestión “no atraviesa por una crisis” y presumió sus buenos resultados que otras administraciones no ofrecieron a la población.
Pero insistió que la dependencia a su cargo carece de recursos suficientes para mejorar el sistema de procuración de justicia, de personal, de investigación y de avances tecnológicos.
Contó que el presupuesto de este 2017 aumentó a 829 millones de pesos, los cuales se destinan principalmente a pago de nómina, además de que el nuevo Sistema de Justicia Penal implica más gastos.
El fiscal arremetió contra las policías preventivas de los 81 municipios, las cuales, dijo, “están dotadas de absoluta ineficiencia”, además de que son éstas las que llegan primero a cualquier hecho delictivo y lo peor de todo es que “están infiltradas por el crimen organizado”.
Además, presumió que durante su gestión ha disminuido la “corrupción” en la Fiscalía porque “he platicado de frente” con los agentes, a quienes los ha convocado a cumplir responsablemente con su trabajo.
Informó que la Fiscalía cuenta con mil 841 servidores: 508 agentes del Ministerio Público, 699 policías ministeriales y 231 peritos. Pero 175 elementos operativos están incapacidad total o parcial, más 228 comisionados como escoltas.
Agregó que, de los mil 438 elementos operativos, sólo 880 aprobaron los exámenes de control y confianza y que el resto siguen trabajando porque tampoco tienen capacidad financiera para liquidarlos, cuya cifra estimó en 58 millones de pesos.
