Chilpancingo, Gro. 31 de Julio del 2017 (IRZA). – El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) urgió al Congreso local que llame a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gobierno estatal, Pedro Almazán Cervantes y la secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad, Nybia Solís Peralta, para que expliquen la situación laboral en que se encontraban los cinco policías asesinados en el municipio de Ahuacuotzingo, entre otros temas relacionados con el problema de la inseguridad en la entidad.
Marco Antonio Maganda Villalva y Eloy Salmerón Díaz, presidente y secretario general del blanquiazul, este lunes en conferencia de prensa cuestionaron que los actos violentos ocurridos en Ahuacuotzingo y Chichihualco “no son hechos aislados”, y denunciaron que el crimen organizado se ha salido del control de los gobiernos federal y del estatal.
Los dirigentes de ese instituto político propusieron a la Cámara de Diputados local que también se convoque a comparecer a Nybia Solís Peralta, luego de que el alcalde panista del municipio de Ahuacuotzingo, Gerzaín Hernández Casarrubias, declaró públicamente que los elementos policiacos asesinados en un robo al Programa de Inclusión Social (Prospera) en esa jurisdicción estaban dados de alta en el Registro Nacional Policial, aunque no certificados.
Los panistas precisaron que los hechos violentos registrados en Ahucoutzingo, la semana pasada, y en Leonardo Bravo (Chichihualco), este domingo, ambos gobernados por alcaldes de este partido, “no son hechos aislados”.
Eloy Salmerón señaló que los alcaldes en Guerrero hacen “hasta lo imposible” por atender el tema de la seguridad, pero reprochó que los procesos de certificación son “muy burocráticos y tardados”.
“Los informes que el alcalde de Ahuacuotzingo ha dado a la dirigencia del partido, es que los cinco policías asesinados durante el asalto a Prospera sí estaban dados de alta”, dijo.
En ese contexto, exhortó a Nybia Solís Peralta, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a “no emitir juicios adelantados”, sino crear las estrategias adecuadas de seguridad, y “si el alcalde Hernández Casarrubias incurrió en una omisión, que sea llamado a cuentas”.
Pero dejó en claro que “no solo a él, sino a todos los alcaldes de la entidad que no han realizado un buen desempeño en el ejercicio de sus funciones en el tema de la seguridad pública”.
Referente al caso del municipio de Leonardo Bravo, donde el pasado domingo un grupo de pobladores se confrontaron con la Policía Federal, Maganda Villalva se limitó a señalar que fue por la queja de habitantes que se inconformaron por la mala actuación de los policías federales.
