Rechaza Héctor Vicario protección a diputado priísta con orden de aprehensión por homicidio

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Chilpancingo, Gro. 26 de Febrero del 2017 (IRZA). – El diputado Héctor Vicario Castrejón, del PRI, rechazó que la bancada de su partido proteja a su correligionario, Saúl Beltrán Orozco, en el juicio de procedencia que enfrenta a petición de la Fiscalía General del Estado.




Aseguró que la fracción priísta no se ha reunido para analizar el trabajo de la Comisión Instructora debido al receso legislativo, y señaló que “nadie puede hacer acusaciones temerarias e irresponsables”, insinuando esa posible protección.

Indicó que, en el Congreso, donde se hacen las leyes, “es donde debe haber mayor certeza jurídica”, sobre todo al tratarse de un integrante de la actual legislatura.

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del PRD, dijo el jueves que la prórroga que aprobó la Comisión Instructora para presentar el dictamen es una “estrategia” del PRI para votarlo en contra en sesión de periodo ordinario.

Al respecto, el diputado priísta expuso que “vivimos en un estado de derecho” a través de un nuevo Sistema de Justicia Penal, cuya premisa es la presunción de la inocencia hasta que se demuestre fehacientemente lo contrario.

“Se debe agotar todo lo que se está haciendo en las instituciones, en su etapa jurisdiccional, porque lo que hagamos en el Congreso debe tener certeza”, dijo.

De acuerdo con el también presidente de la Comisión de Justicia, el proceso penal que enfrenta el diputado priísta “no se debe politizar” y tampoco debe servir para “tratar de ganar beneficios políticos” con ese tema “tan delicado”.

“El diputado está haciendo su uso de defensa, está presentando pruebas, elementos en descargo de la acusación” de la Comisión Instructora, la cual, confió, tomará la mejor decisión “sin que agravie ni atropelle”.

Vicario agregó que el proceso jurídico que enfrenta su compañero de bancada “está viciado de origen”, porque tanto el agente del Ministerio Público como el juez que libró la orden de aprehensión en su contra, a solicitud de la Fiscalía, “omitieron señalar que el acusado era servidor público” y que antes debían solicitar juicio de procedencia al Congreso.

“Creo que hay violaciones, es un proceso viciado de origen; no se hicieron las cosas adecuadas, y en el caso de la Comisión Instructora, tendrá que actuar con certeza jurídica a efecto de emitir un juicio justo con base a los elementos que se tengan”, señaló.




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