Genera debate legislativo la tregua entre la UPOEG y el FUSDEG

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Chilpancingo, Gro. 30 de Noviembre del 2016 (IRZA). – Diputados del PRI, PRD y MC coincidieron en que es urgente la construcción de un “pacto social por la seguridad” que, entre otras cosas, “regule” a policías ciudadanas o comunitarias, sin permitir que “impongan sus condiciones”.

Esto vino al caso en la sesión legislativa de este martes, debido a la “tregua” que acordaron autoridades estatales con los representantes del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y de la Unión de pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), la que consideraron “muy endeble”.

Los legisladores afirmaron también que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no puede estar “sometido a las circunstancias y condiciones” que generan estas agrupaciones que no tienen ni siquiera un estatus legal que ampare su existencia.

En la tribuna del Poder Legislativo, el diputado Sebastián de la Rosa Peláez advirtió el riesgo de nuevos enfrentamientos entre las dos agrupaciones, lo cual, dijo, debería tenerlos preocupados como legisladores, porque a pesar de ser un “surgimiento legítimo” ante la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ambos grupos han desvirtuado su origen y su lucha en una disputa de control territorial, político y hasta económico, cuyos líderes, además, se han hecho acusaciones mutuas por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

Señaló que la UPOEG “quiere imponer su fuerza en el resto de las comunidades, sin respetar la voluntad de sus habitantes, generando riesgos de enfrentamientos violentos de consecuencias incalculables”.

Entonces, el diputado Héctor Vicario Castrejón, del PRI, convocó a la construcción de “un gran pacto social” que involucre no sólo a los tres niveles de gobierno, a los tres poderes públicos y a los partidos políticos, sino también a otros sectores como la Universidad Autónoma de Guerrero.

Confió en que con esto sean capaces de generar un frente único contra el flagelo de la violencia que enfrentan los guerrerenses, y sostuvo que el gobernador Héctor Astudillo Flores es el más interesado en la construcción de ese “pacto social”.

“Vemos al gobernador todos los días trabajando por encauzar el trabajo de las instituciones en favor de la gente, y la fracción del PRI ratifica su compromiso con esta convocatoria, convencidos de que debe ser la unidad de los guerrerenses la que nos saque adelante”.

La tregua entre el FUSDEG y la UPOEG

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, de MC, consideró necesario iniciar los procesos de reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como de la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Agregó que así se precisaría que las policías ciudadanas o comunitarias formarían parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública como auxiliares de los cuerpos de seguridad, integradas por elementos de sus comunidades, honorables y aptas para prestar el servicio.

Reconoció los “buenos oficios” del secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, en la construcción de la “tregua” entre el FUSDEG y la UPOEG hasta el 15 de enero del 2017, para evitar enfrentamientos durante ese tiempo.

“La convocatoria es a legislar en la materia, para que no sea la tregua ni los armisticios lo que impere, sino la ley; que responda a la realidad social, a la imposibilidad material y manifiesta de diferentes órdenes de gobierno para brindar protección a la población”, expuso.

Porque “nos preocupa que la tregua pueda fenecer y volvamos a vivir estos enfrentamientos. Consideramos que es tiempo de legislar, hagámoslo en estos días para arrancar el 2017 con un nuevo marco jurídico. Nosotros creemos en este pacto por la seguridad, pero si no se traduce en leyes, no pasa de ser buenas intenciones”, agregó.

Pero aseguró que el Poder Legislativo aspira a que ambas agrupaciones, así como las que están surgiendo en el resto del estado, se “encuadren” en un marco legal, con reglas claras y que respondan a la representación territorial y comunitaria.

El gobierno no debe someterse a policías ciudadanas

El perredista Sebastián de la Rosa Peláez insistió en la creación de la comisión especial que propuso en la sesión del jueves, la cual se encargue de iniciar los trabajos legislativos con el propósito de reformar las leyes para regular a las policías ciudadanas.

Pero advirtió que a ese proceso debe convocarse a estas agrupaciones para construir acuerdos y consensos, e impedir que vuelva a ocurrir lo que pasó con la ley que crea las policías rurales. “Legislar sin esa consulta no nos va a resolver el problema”, precisó.

Recordó que en la administración del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero -cuando surgió la primera policía ciudadana en el municipio de Ayutla, a cargo de la UPOEG- inició un debate para su regulación, y que a él le tocó intervenir como diputado federal por el distrito 8.

Derivado de ese debate, dijo, se reformó la Ley de Seguridad Pública y surgió la Policía Rural, pero la UPOEG y las nuevas policías ciudadanas que han surgido en los últimos años no se han encauzado a esa legislación.

“Legislar sin acuerdo con este movimiento nos dará el mismo resultado; tendremos ley vigente pero no positiva, y eso no lo podemos permitir”, resaltó el perredista, quien confió en el “cuarto orden de gobierno comunitario”.

“Lo que no podemos aceptar es que una organización armada quiera imponerse sobre otra organización armada que es escisión del primer grupo, porque hubo discusión entre ellos. El estado no pude estar sometido a una circunstancia de esta naturaleza, sin actuar de manera responsable para disuadirlo y resolverlo de fondo”, sostuvo.

Aclaró: “No propongo la aniquilación de nada y de nadie, sino un debate serio y de fondo para atender este problema. No podemos estar sometidos a la tregua del 15 de enero (del 2017), porque a la UPOEG se le ocurrió que debe entrar a Juan R. Escudero a como dé lugar, y cuestionó: ¿Quién le dijo a Bruno Plácido (líder de la UPOEG) que tiene la tutela de esos pueblos?”.

El diputado Cuauhtémoc Salgado Romero, del PRI, afirmó que estos grupos han sido el “Talón de Aquiles” de los gobiernos estatales. “Debemos actuar de manera conjunta”, fijó.

Celebró que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local coinciden en la necesidad de regular a esos grupos, y reiteró que “no se trata de desaparecerlas, sino fortalecerlas, porque han servido mucho para garantizar la seguridad de los ciudadanos”.

Finalmente, el diputado Raymundo García Gutiérrez, del PRD, llamó a evitar que las policías comunitarias desvirtúen su origen y lucren con sus actividades, que originalmente deben ser de altruismo para la comunidad.

Criticó que mientras el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, se desplaza a bordo de una camioneta blindada proporcionada por el gobierno, la verdadera policía comunitaria de la CRAC no recibe prebendas y sus elementos son elegidos en asamblea por las comunidades por un año de servicio.

(www.agenciairza.com)

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