Chilpancingo, Gro. 21 de Julio del 2017 (IRZA). – Los alcaldes perredistas de Cochoapa el Grande y Tlalchapa, así como el alcalde de Leonardo Bravo (Chichihualco), están impedidos legalmente para reelegirse como presidentes municipales porque están sujetos a proceso judicial por el delito de peculado, luego de que fueron acusados por la Auditoría General del Estado (AGE) ante la Fiscalía de Guerrero.
Se trata de las perredistas Amalia Mora Eguiluz, de Tlalchapa, región Tierra Caliente; Rosa Lorenzo de la Cruz, de Cochoapa el Grande, región Montaña; y el panista Alfredo Alarcón Rodríguez, de Leonardo Bravo, región Centro.
Legalmente están impedidos a participar por la reelección porque la AGE los denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de peculado, por no presentar sus cuentas públicas del 2016.
Además de que la AGE les inició procesos administrativos y, por ello, podrían ser inhabilitados para ejercer funciones públicas.
El diputado Eusebio González Rodríguez, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, confirmó en entrevista que los tres ediles no podrán participar en la elección del 2018 debido a esa denuncia.
Informó que independientemente del método electivo de candidaturas que implemente cada partido político, los alcaldes en funciones que aspiren a reelegirse deberán presentar una constancia expedida por la AGE, constancia en la que se establezca que “están limpios”.
Esa constancia, explicó, debe hacer valer que no están inhabilitados, que no enfrentan denuncias penales, que entregaron sus cuentas públicas o que están en procesos de solventación, de acuerdo con la temporalidad que corresponda.
De acuerdo con el legislador del PRI, el Congreso local “no solapará ningún acto de corrupción o desvío financiero” de los alcaldes en funciones, sean del partido que sean, en apego a la Ley Superior de Fiscalización.
Y mucho menos al aprobarse recientemente todo el marco que dará vida al Sistema Estatal Anticorrupción. “Estamos más obligados, como Congreso, a transparentar la aplicación de los recursos”, dijo.
Pidió al auditor general del estado, Alfonso Damián Peralta, que siga haciendo su trabajo para reducir los índices de impunidad y de corrupción.
Agregó que esa política “es una línea prioritaria” de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores y del propio Poder Legislativo, de no solapar a nadie y para tener una entidad con mayor transparencia, rendición de cuentas y menos impunidad.
