Airado debate en el Congreso por efectos del “gasolinazo” y déficits

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Chilpancingo, Gro. 19 de Enero del 2017 (IRZA). – Los diputados del PRI y PRD protagonizaron un airado debate e incluso acusaciones mutuas por el quebranto financiero que enfrenta el estado, en un contexto de recesión económica que afecta a todo el país.

Por mayoría de votos, los diputados del PRI y PVEM rechazaron la propuesta de acuerdo parlamentario del perredista Sebastián de la Rosa Peláez para que los tres poderes públicos y los 81 ayuntamientos realicen una “reestructuración administrativa”.

También en contra votó la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El perredista propuso programas de revisión y evaluación para enfrentar el impacto en la prestación de los servicios públicos, derivado del aumento del precio de los combustibles, así como disminuir los gastos de operación de todas las dependencias.

Proponía la reducción de al menos el 20 por ciento de los sueldos y salarios de todos los servidores públicos, así como la eliminación de bonos y erogaciones extraordinarias de los funcionarios.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por mayoría de votos, y De la Rosa lamentó que las bancadas del PRI y del PVEM se “opongan sistemáticamente” a cualquier propuesta de paliar los efectos negativos de la economía local.

El priísta Héctor Vicario Castrejón dijo que rechazaron su propuesta porque estaba mal redactada y porque además no tienen por qué hacer exhortos para adoptar medidas de austeridad, mismas que tendrán vialidad por voluntad política.

¿Dónde están los 18 mil millones?

 La diputada Flor Añorve Ocampo, coordinadora de la bancada del PRI, reiteró su rechazo al incremento del precio de los combustibles, pero también reprobó las “posturas protagonistas” de los diputados de “izquierda”.

Negó que su bancada y la del Partido Verde rechacen sistemáticamente las propuestas del PRD, PT y MC, y expuso que se turnan a comisiones para analizarlas a profundidad y mejorar sustancialmente su contenido.

Añorve respaldó el llamado del gobernador Héctor Astudillo Flores de adoptar una política de austeridad y aseguró que el Congreso impulsará una serie de acciones, pero en acuerdo y consenso con todas las fuerzas legislativas.

“Pero no es a través de alguien que aquí en tribuna se quiere enredar la bandera y decir que es protagónico de este asunto y que por instancia de él se formula”, externó en referencia al legislador perredista.

Y en respuesta al señalamiento de Sebastián de la Rosa, quien afirmó que hasta ahora se desconoce a qué se asignarán los recursos que se generen por las medidas de austeridad y por la reducción de salarios, Añorve Ocampo también preguntó en dónde están los 18 mil millones de pesos de déficit que los gobiernos perredistas generaron y heredaron en 10 años de administración.

“También nosotros queremos saber dónde están, en qué los ocuparon los otros gobiernos, en qué se gastaron, porque no los tienen ahorrados para apoyar y ayudar en esos momentos de crisis que estamos viviendo. Así como quieren saber en qué se van a utilizar los recursos de los ahorros que haga este Congreso, el gobierno estatal y el Poder Judicial, que los gobiernos pasados nos digan dónde está el recurso, si lo utilizaron de manera personal o sólo para hacerse ricos, viajar y hacer todos lo que quisieron”, afirmó.

Entonces De la Rosa pidió a los diputados priístas que no sean “ingenuos”, porque tienen “las herramientas” para investigar y conocer en dónde están los 18 mil millones de pesos de déficit que dejaron las pasadas administraciones estatales y “actuar en consecuencia”.

La discusión concluyó con la intervención del diputado Ricardo Mejía Berdeja, del MC, quien aseguró que las medidas de austeridad y reducción salarial de funcionarios, magistrados y diputados son al margen del “gasolinazo”.

Afirmó que no van a desistir en su exigencia de que el gobierno federal dé marcha atrás al incremento de los combustibles, cuyos ingresos para este 2017, por ese concepto, son de 280 mil millones de pesos, un 36 por ciento de incremento sobre el monto original proyectado en la Ley de Ingresos.

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