*En dos años de gobierno no han dado resultados, asegura Celestino Cesáreo Guzmán, dirigente en la entidad del partido del sol azteca
*Pide que la PGR atraiga la investigación de los asesinatos cometidos contra perredistas en la entidad
Chilpancingo, Gro. 19 de Octubre del 2017. – La dirigencia estatal del PRD exigió la renuncia de fiscal Xavier Olea Peláez y del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, porque consideró que, a dos años de esta administración, no han dado resultados en sus encargos.
El dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán fue entrevistado este jueves por la mañana durante su llegada al segundo informe del gobernador Héctor Astudillo Flores, celebrado en el Congreso del Estado.
Cesáreo Guzmán indicó que el “tiempo de espera, el tiempo gracia que dan los ciudadanos ya se acabó, es hora de dar resultados”.
Subrayó que el PRD ha sido muy claro: “no le apostamos a la caída del gobierno, lo que exigimos son resultados”.
Cesáreo Guzmán señaló de manera directa como ineficiente y faltos de resultados tanto al gabinete de Seguridad como a la Fiscalía.
“Nosotros creemos que deben ser sustituidos de inmediato y no es la primera vez que lo pedimos, sin embargo, el gobernador es el que tiene la última palabra”, dijo.
Dio a conocer que están solicitando que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga las investigaciones de los asesinatos del fundador de su partido y promotor de Andrés Manuel López Obrador, Ranferi Hernández Acevedo, de su esposa, su suegra y su chofer, en hechos ocurridos el pasado sábado en el camino de Ahuacotzingo a Chilapa.
Pero también, dijo, que la PGR atraiga los asesinatos de los ex alcaldes de Zitlala, Francisco Tecuchillo Neri; de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte; de Acapetlahuaya, Roger Arellano Sotelo; de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia y la desaparición forzada del ex alcalde de Zirándaro, Catalino Duarte Ortuño, “porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha informado de ningún avance”, como tampoco le han dicho nada a las familias agraviadas.
Refirió que la recompensa de un millón y medio de pesos que ofrece la Fiscalía General del Estado para quien proporcione información que lleve a la detención de los responsables de los asesinatos de Ranferi Hernández y su familia, además del ex alcalde de Zitlala, “es un acto desesperado del gobierno ante la falta de investigación”.
Lo que consideró como una muestra de la “incapacidad” de la FGE para resolver los crímenes que se cometen en Guerrero.
