Defraudados por varias financieras en Guerrero piden ayuda al Congreso

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Chilpancingo, Gro. 23 de Noviembre del 2017. – Defraudados por financieras en Guerrero exigieron la intervención de diputados locales para obtener el resarcimiento del daño que cometieron estas empresas en su contra.

“Exigimos una investigación clara y responsable”, manifestó Raúl Aguilar Ortega, representante de la Unión de Organizaciones de Pueblos Originarios y Comunidades Afromexicanas de Guerrero.

Los manifestantes se apostaron desde las 11:00 horas en las inmediaciones del Congreso del estado para solicitar una reunión con diputados, para pedirles que intervengan ante la “ilegalidad” de las financieras.

En entrevista, Aguilar Ortega denunció que han recurrido a la vía institucional para exigir justicia y el resarcimiento del daño, sin embargo, afirmó que no han recibido respuesta concreta.

Manifestó que por esa razón decidieron protestar este miércoles en la sede legislativa, para que los gobiernos federal, estatal y organismos internacionales los observen y tomen cartas en el asunto.

Informó que la Unión de Asociaciones Civiles representa a 16 mil 500 defraudados por financieras en Guerrero, en 52 municipios, especialmente de la región Montaña, y que han decidido iniciar protestas para exigir atención oportuna

Exigieron atención a los defraudados por las empresas “Productos Amor”, “Comercializadora JLB S.A de C.V.” y “Soluprenda S.A de C.V.”, mediante la creación de un fideicomiso.

Pidieron a los diputados que la Fiscalía de Guerrero les entregue un informe del estado que guardan las carpetas de investigación relacionadas con las denuncias que presentaron en contra de esas empresas.

“Sobre todo en cuanto a la ratificación, certificación y consignación en informe contable de esta investigación, compromiso que el señor fiscal no ha cumplido”, acusó el vocero.

También solicitó presupuesto para proyectos productivos a través de instancias gubernamentales de los gobiernos federal y estatal, así como la creación de fondos económicos para la movilización y trabajo sobre la Ley de Prevención al Fraude.

Dijo que su intención no es generar más problemas porque están conscientes de los grandes retos y desafíos sociales políticos en la entidad, pero que están en su derecho de reclamar justicia y el resarcimiento del daño.