Acapulco, Gro. 09 de Diciembre del 2016 (IRZA). – El gobierno de Héctor Astudillo Flores tiene como objetivo y aspiración terminar con los actos de corrupción y reforzar el manejo honesto de los recursos públicos, afirmó el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, y además sostuvo que mientras no haya justicia en la entidad los niveles de seguridad no van a mejorar.
El funcionario estatal acudió en representación del gobernador al informe anual del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Norberto Alemán Castillo, en la sede de esta dependencia que se ubica en la colonia La Cinca de esta capital.
En su intervención, recordó que el TCA lo creó el extinto ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, en 1987, y resaltó que “nació de la mano de la justicia ante controversias entre autoridades y particulares.
Dijo que “se necesita contar con una nueva visión de gobierno y el fortalecimiento del estado de derecho, (porque) hay retos por la reforma a los artículos 109 y 113 de la Constitución, y al dotar al TCA de nuevas competencias en materia de transparencia y corrupción, habrá que fortalecer la legalidad, la eficiencia del servicio público y la certidumbre jurídica como llaves maestras para el desarrollo que necesitamos los guerrerenses”.
Explicó que con esas reformas constitucionales los magistrados ahora “tendrán dos atribuciones, como la facultad de imponer sanciones económicas a servidores públicos o inhabilitarlos para participar en licitaciones, y esa reforma habrá de acompañar de manera contundente la voluntad de que la administración pública sea eficiente y correcta” en materia fiscal.
Señaló que los ciudadanos “desean que esos recursos con los que contribuyen se los devuelvan en obras y acciones, porque son recursos que a ellos les pertenecen. Hay que combatir la corrupción, la falta de transparencia, que son las principales fuentes de la desconfianza social”.
Y dio a conocer que los magistrados de la sala central del TCA el próximo año se van a incorporar al comité anticorrupción, “que sancionará presuntos hechos de corrupción, y apoyaremos con lo que esté al alcance del Ejecutivo para mejorar el ambiente de trabajo”.
Indicó que el gobernador Héctor Astudillo va a contribuir para reforzar al TCA y la ampliación de sus estructuras, (porque) “reconocemos la sobriedad de sus magistrados, (y) durante este primer año se ha devuelto la gobernabilidad que estuvimos a punto de extraviar mediante la atención a conflictos sociales”.
Señaló que el gobernador recorrió los 81 municipios en el primer año de Gobierno, “con una agenda abierta, franca, directa con grupos sociales, ciudadanos, empresarios. Este gobierno se hizo sentir y dio respuesta a demandas de comunidades, de regiones, permitió rescatar el sistema de justicia penal abandonado por casi 8 años”.
Agregó que “es un asunto del mayor desafío que tiene la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, los gobiernos municipales, porque se trata de agilizar la aplicación de la ley e impedir el rezago en sentencias, que haya sobre población en penales, que los juzgados no estén atiborrados de expedientes”.
Añadió que la aspiración del gobierno de Astudillo Flores es que se actué ante los guerrerenses en un ambiente de en armonía, en concordancia, con responsabilidad, y que la justicia “por ningún motivo puede estar al mejor postor, (porque) cuando un juez se vende dejan al ciudadano en medio de la ley de la selva y estimulamos mayores índices de violencia”.
Agregó que “no habrá seguridad sin justicia, el gobernador se ha comprometido, a pesar de la escasez de recursos presupuestales, a que se gobierne con responsabilidad política”.
También indicó que, pese a las condiciones adversas, Guerrero ha crecido, y si se resuelve el problema de inseguridad, habrá de despegar hacia mejores condiciones de vida”.
Por su parte, el magistrado Norberto Alemán Castillo agradeció el apoyo del gobierno estatal. Informó que los dotó de cien computadoras y mobiliario de oficina, y añadió que “necesitamos del apoyo institucional del Ejecutivo y el Legislativo con los retos de la reforma a la Constitución, que amplía la competencia de tribunales de justicia administrativa ante arbitrariedades de autoridades y particulares”.
“Debemos –resaltó- ingresar a la era de la tecnología, se requiere de profesionalización, reformar la Ley Orgánica, de servidores públicos, y en lo sucesivo (el TCA) se denominará Tribunal de Justicia Administrativa.
