Demandan frenar abusos contra trabajadores del Poder Judicial

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Chilpancingo, Gro. 30 de Marzo del 2017 (IRZA). – A comisiones se turnó la propuesta de la diputada María de Jesús Cisneros Martínez, del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para que el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, atienda y resuelva las demandas de los trabajadores del Poder Judicial.




La propuesta tuvo 14 votos a favor, de diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, por 10 en contra del PRI, PVEM y PAN, y de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, debió tener por lo menos 16 votos para aprobarse como asunto de urgente y obvia resolución, por lo cual se turnó a la Comisión de Justicia.

En la propuesta se pide a Robles Hurtado dar solución inmediata al reclamo de los trabajadores con base a los acuerdos suscritos por ambas partes en octubre de 2014, sin cesarlos, suspenderlos o despedirlos.

Cisneros Martínez acusó que el TSJ está secuestrado por intereses de grupo y “apetitos políticos”, mientras entre la sociedad crece la desconfianza y la percepción de corrupción, así como la ausencia de ese bien jurídico.

Señaló que jamás un trabajador del Poder Judicial ha tenido el mínimo derecho a un crédito, a una vivienda, a una indemnización por la acumulación de años de servicio, ya sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional y por eso luchan.

Y que la cerrera judicial es apenas un asunto declarativo y que no se aplica por antigüedad, capacidad, talento o méritos a la eficiencia y buen desempeño, por lo que sostuvo que “está convertida en un templo al nepotismo, al amiguismo y a la corrupción”.

Recordó que el 31 de marzo de 2014, los trabajadores iniciaron una “lucha” en defensa de sus derechos laborales y el respeto a la carrera judicial, haciendo por primera vez un paro de actividades.

Pero en octubre de ese año, dijo, el Senado de la República analizaba declarar la desaparición de poderes en Guerrero y el pueblo exigía la renuncia de Ángel Aguirre, tras los hechos del caso Iguala en septiembre del 2014.

Indicó que, tras esos hechos, los magistrados asumieron compromisos con la base trabajadora, mismos que se niegan a cumplir.

“Pretenden desconocer de manera unilateral y arbitraria esos derechos que se suscribieron como acuerdos entre las dos partes y en los cuales los trabajadores actuaron de buena fe y lealtad a la institución”, dijo, y denunció que en el Poder Judicial existe una maliciosa persecución y amedrentamiento ordenado por los altos mandos, “y eso es lo que debemos impedir desde este Congreso”.

Cisneros Martínez también advirtió a los magistrados del Poder Judicial que los trabajadores y sus dirigentes no están solos y que si los despiden “lo vamos a repudiar, y si existe una paralización de la impartición de justicia en Guerrero será su responsabilidad, por actuar bajo procedimientos desleales y con mentiras, traicionado a los trabajadores y los más altos principios de la justicia, que para impartirla se debe tener autoridad moral”.




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