Ayutla, Gro. 09 de Agosto del 2017. – Ciudadanos residentes de este municipio se unieron al Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (CLPE) para exigir la liberación de Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Estos policías comunitarios fueron detenidos en noviembre y octubre del 2013, respectivamente, y se encuentran actualmente presos en el penal de Chilpancingo.
El primero pasó siete meses en el Cefereso 13 de Miahuatlán, Oaxaca. Sus familiares en su momento aseguraron que lo mantenían incomunicado, ya que la distancia entre el Cefereso y su comunidad de origen (Tixtla, Guerrero) es de más de 14 horas de camino.
Luego, en junio de 2014 fue trasladado de manera ilegal al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció preso hasta el 10 de junio del 2015, después de realizar una huelga de hambre por 11 días.
Gonzalo Molina está acusado de secuestro y otros delitos graves. “Aunque él ha demostrado su inocencia y que los delitos que le imputan son falsos, sigue preso”, aseguraron los del CLEP.
En tanto, el indígena na savi Samuel Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013, cuando apenas tenía 17 años de edad, acusado de portación de arma de fuego (un rifle calibre 30), mientras ejercía sus funciones como policía comunitario.
Actualmente está preso en el penal de Chilpancingo y ha sido sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión.
A pesar de poder salir libre bajo fianza, Samuel decidió mantenerse en la cárcel e impugnar la sentencia, ya que no se considera culpable y, de aceptar la sentencia, estaría aceptando también que la policía comunitaria es ilegal.
La CRAC-PC está avalada por la ley 701 mediante la norma de seguridad, justicia y educación comunitaria. El artículo segundo de la misma avala la organización de los pueblos originarios mediante sus usos y costumbres, además del Convenio 169 de la OIT que garantiza los derechos de los pueblos indígenas y tribales de países independientes.
