Colegio de Abogados: Xavier Olea debe ser sometido a juicio político

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*Incurre en omisión en favor del diputado Beltrán Orozco

*No ejecuta orden de aprehensión contra el legislador con licencia

Chilpancingo, Gro. 10 de Mayo del 2017 (IRZA). – El Congreso local debe someter a juicio político al fiscal Xavier Olea Peláez, pues incurrió en “omisión” en el ejercicio de la acción penal contra el diputado local del PRI con licencia, Saúl Beltrán Orozco, a quien le giró orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, pero no ejecutó la disposición que dictó la misma Fiscalía General del estado.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C., Victoriano Sánchez Carbajal, el fiscal también incurre en “responsabilidad penal” por el mismo caso.

El artículo 195 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, dijo el abogado, refiere que los servidores públicos incurren en responsabilidad política al violar los principios fundamentales de la Carta Magna local.

Aseguró que el fiscal sí “ha incurrido en omisión” al no ejecutar la orden de aprehensión que la misma Fiscalía solicitó a un juez en contra del también ex presidente municipal de San Miguel Totolapan, región Tierra Caliente, acusado de dos homicidios.

El jueves 4 de mayo el pleno del Congreso aprobó por unanimidad la licencia que solicitó Beltrán Orozco para separarse temporalmente del cargo, en cuyo escrito, señaló el solicitante, enfrentaría el procedimiento jurídico que le inició la Fiscalía.

Pero en declaraciones a la prensa Xavier Olea manifestó que no puede ejercer la acción penal porque Beltrán Orozco aún goza de la protección del “fuero constitucional” pese a la licencia, cuya versión fue desmentida el martes por diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, como Flor Añorve Ocampo (PRI) y Erika Alcaraz Sosa (PRD).

El abogado Sánchez Carbajal también contradijo al fiscal al citar el artículo 47, fracción II, numeral 3, de la Constitución, la cual establece textualmente: “La licencia concedida a un Diputado lo suspende temporalmente de su inmunidad constitucional (el fuero), como en el ejercicio de sus funciones representativas y de sus derechos, obligaciones y garantías”.

“El fiscal ha incurrido en omisión para dar cumplimiento a la ejecución de orden de aprehensión aludiendo que no puede hacerlo porque el diputado con licencia dispone de fuero, (pero) la propia Constitución establece que la licencia suspende también la inmunidad constitucional”, manifestó.

En consecuencia, dijo el presidente del Colegio de Abogados, al vulnerar los principios fundamentales de la Constitución, previstos en el artículo 195, es procedente el juicio político en contra del fiscal, a través de la Comisión Instructora del Poder Legislativo.

“El artículo 195 define la procedencia del juicio político cuando se cometen violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. El presente caso representa un cúmulo de delitos tanto en carpetas de investigación como en averiguaciones previas sin resolverse, lo cual trae como consecuencia la negación o retardo (dilación) en el acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas de delitos”, abundó.

Pero, además, explicó el abogado Victoriano Sánchez, el fiscal “incurre en responsabilidad penal” al incurrir en el delito de “prevaricación”, previsto en el artículo 302, fracción III del Código Penal en vigor del Estado de Guerrero porque “brinda de manera indebida e ilegal una ventaja al sujeto activo del delito o presunto responsable para sustraerse de la acción de la justicia”.

El citado artículo establece: “Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días de multa, a quien teniendo la calidad de servidor público: Ejecute un acto o incurra en una omisión que dañe jurídicamente a alguien o le conceda alguna ventaja indebida…”.

Sánchez Carbajal agregó que ese delito está comprendido en el Título Décimo Octavo, Capítulo I, que establece la denegación o retardo a la justicia y prevaricación, y que cuando se niega el acceso a la justicia de manera recurrente “constituye una violación grave a los derechos humanos”, situación en que incurre el fiscal Xavier Olea.

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