Acusan que la CDI discrimina a un Consejo de Indígenas damnificados

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Chilpancingo, Gro. 18 de Junio del 2017 (IRZA). – El Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) acusó al delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Pueblos Indígenas (CDI), Lenin Carvajal Cabrera, de iniciar una campaña de desprestigio en su contra por su demanda para que se atiendan los daños que provocaron el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en septiembre del 2013, a casi 4 años de que se registraron tales fenómenos meteorológicos en Guerrero.

Explicaron que ese CCDM está conformado por representantes de 200 comunidades de 15 municipios y que dan seguimiento a la problemática de 16 mil familias damnificadas, pero que los integrantes del Consejo son ignorados por la CDI que, además, les impide participar en reuniones de evaluación de los daños que causó aquel temporal del 2013.

Señalaron que tras esas tormentas tuvieron un censo de 40 personas fallecidas en la región de la Montaña y habitantes de los municipios de Malinaltepec, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Acatepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán, tuvieron que dejar sus hogares ante los daños que presentaban sus viviendas.

Explicaron que tras esos fenómenos meteorológicos fueron más de 3 mil familias que vivieron por varios meses a la intemperie esperando que se emitieran los dictámenes de riesgo, y como no les dieron ninguna solución a sus necesidades como damnificados, tuvieron que abandonar sus lugares de origen.

Y denunciaron una “campaña” que ha emprendido el delegado estatal de la CDI, Lenin Carbajal Cabrera, contra el Consejo de Comunidades, al desacreditar públicamente nuestro movimiento y nuestra exigencia legítima del derecho humano a la alimentación, ya que los damnificados son familias de muy escasos recursos.

Dijeron que es “inadmisible que un funcionario que se dice representante de los pueblos indígenas centre su ataque contra las mismas comunidades que han sido defraudadas por los funcionarios públicos y las empresas constructoras, que a más de 4 años no han concluido las obras programadas haciéndose cómplices de este atraco millonario”.

“Ahora resulta que a las familias pobres de la Montaña se nos quiere auditar y se nos hace ver como defraudadores que manejamos datos falsos y que estamos obteniendo beneficios millonarios de un programa de granos básicos, cuyos recursos los administra y opera la misma CDI”, añadieron.

Por ello repudiaron “esta acción dolosa y tramposa del delegado de la CDI, que en lugar de apoyar las demandas indígenas se dedica a denostarnos y darnos un trato indigno y discriminatorio”.

En ese sentido demandaron que se investigue a los funcionarios públicos y a sus empresas que defraudaron a las comunidades indígenas con los millones de pesos que recibieron y que a 4 años las familias siguen viviendo en refugios improvisados, con parcelas derruidas, con puentes caídos, hospitales, clínicas y escuelas inconclusas, como son los casos de los municipios de Tlacoapa, Acatepec, Metlatonoc, Malinaltepec, Cochoapa el Grande y San Luis Acatlán.

Y advirtieron que seguirán “luchando y lograrán su objetivo y más bien les decimos que seguiremos luchando juntos en defensa de nuestros derechos y exigiendo a las autoridades que cumplan con sus compromisos y atiendan las demandas legítimas por las que luchamos”.