XXII Asamblea, ruta peligrosa

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Miguel Ángel Arrieta

Todavía no terminan de disiparse las voces protagonistas de la XXII Asamblea nacional del PRI, y ya numerosos priistas manifiestan amplias dudas sobre lo que implica la anulación de los candados para que ciudadanos externos o simpatizantes del tricolor puedan ocupar candidaturas a nombre de ese partido en la próxima contienda electoral.

Para cierto sector de priistas guerrerenses el sentido renovador que se le imprimió a la XXII Asamblea representa incertidumbre y riesgos en los terrenos de repartición del poder anteriormente controlados por grupos bien identificados.

El problema para quienes se ubican dentro de esa perspectiva es que no acaban de entender que la reforma estatutaria del PRI es apenas parte de una compleja ruta emprendida por el Revolucionario Institucional para evitar ser desplazado en el 2018.

De hecho, las adecuaciones generales asumidas por el priismo nacional con el fin de preservar la presidencia de la República, gubernaturas, alcaldías, senadurías y diputaciones locales y federales, no se limita al trabajo de actualización de estatutos: en el fondo, el marco integral de esa reforma contempla también coincidencias sobre lo que debe hacer el PRI para ofertarse ante las nuevas generaciones y la construcción de una sofisticada maquinaria mediática que sirva para restañar los severos daños de imagen acumulados en los últimos cinco años.

Y es que aun cuando el tricolor llegó a su XXII Asamblea como el partido más criticado, al concluir este encuentro salió como el ente político más organizado a la hora de exigir unidad frente a los riesgos que se avecinan.

Por lo pronto, el mensaje acentuado en el discurso de Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente nacional del PRI, sobre su permanencia “con orgullosa lealtad al partido” que siempre ha pertenecido, dejó en claro que por el momento queda guardada la pretensión de pugnar por la democracia interna de su partido, en respuesta a la percepción generada días antes del encuentro sobre la posibilidad de que la XXII Asamblea fuera reventada por grupos disidentes.

Al final de cuentas, los priistas siempre han ratificado el precedente de que su partido fue creado para preservar el poder bajo un modelo de control vertical; y los experimentos aplicados como estrategias democratizadoras los han conducido al fracaso y pérdida de importantes posiciones de gobierno.

De ahí que los priistas ya deberían estar asimilando la convicción de que las reformas acordadas la semana pasada, representan la respuesta sincronizada a cada uno de los dilemas que le han impactado negativamente a lo largo del actual sexenio:

1.- Promueven la imagen de ciudadanización del PRI ante la necesidad urgente de romper con la percepción de partido de estado que le ha endosado la oposición, y ante las posibilidades de formar parte de una alianza partidista vencedora en el 2018.

2.- Crea la Secretaría Anticorrupción con claro objeto de vacunarse del desprestigió legado al tricolor por los once ex gobernadores priistas sometidos a investigación. Algunos ya detenidos y otro más en calidad de prófugo de la justicia. Aquí incluyeron también la presentación de un nuevo código de ética que contempla sanciones internas y amplias facultades punitivas contra personajes priistas que cometan ilegalidades en el desempeño de funciones públicas.

3.- Reforman el estatuto de asignación de candidaturas para que el treinta por ciento de los espacios de competencia electoral del priismo sean ocupados por jóvenes, y un diez por ciento les corresponda a indígenas. Con la doble intención de dar respuesta a la necesidad de encontrar instrumentos de acercamiento con las nuevas generaciones de mexicanos, y adoptar un aire renovador consecuente con la inclusión de cuadros jóvenes.

4.- Desaparecen los candados que obligaban a los candidatos a tener militancia dentro del partido por más de diez años, ante la necesidad de abrirse a la sociedad y dar oportunidad a destacados personajes con buenos niveles de aceptación popular. Para la cúpula priista queda bien claro que hay numerosos casos en los que ciudadanos sin partido pueden ganar espacios electorales. El caso Cuauhtémoc Blanco y Ana Guevara representan el ejemplo más directo en dicho contexto.

En este sentido, la XXII Asamblea nacional del PRI no fue un simple escenario de demostración de músculo político ante la próxima competencia electoral; en los hechos, el encuentro priista y los acuerdos anunciados constituyen el plan de vuelo al que deberán ceñirse los integrantes del PRI en los siguientes meses para escapar de la tormenta de la que no han podido salir.

Su sobrevivencia depende del estricto cumplimiento de los pasos para seguir esta ruta.