Indígenas protestan en SEDATU por vivienda, salud y educación

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*También rechazan el “gasolinazo”, las reformas estructurales, las mineras y violaciones a los derechos humanos

Texto y Fotos Cortesía: José Molina de la Cruz

Chilpancingo, Gro. 18 de Enero del 2017. – Indígenas de los municipios de Malinaltepec, Cochoapa y Tlapa, de la Montaña de Guerrero, protestan en la delegación estatal de SEDATU, en Chilpancingo, para exigir vivienda, salud, educación y proyectos productivos, así como en rechazo al gasolinazo y megaproyectos como las mineras, hidroeléctricas y extracción de petróleo. 




Cerca de las 10:00 de la mañana, un grupo aproximado de 300 integrantes de la Organización Popular Independiente de Guerrero y la Coordinadora Nacional “Plan de Ayala”, movimiento nacional que es parte del Frente Indígena Campesino de México, arribaron a las oficinas delegacionales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Exigieron una reunión con el delegado José Manuel Armenta Tello para plantearle sus demandas que tienen que ver con vivienda, educación, salud, proyectos productivos y rechazo al llamado gasolinazo. También le pidieron una reunión con la secretaria nacional Rosario Robles Berlanga.

A través de un boletín que repartieron, lamentaron que en México haya un acumulado de derechos básicos violentados, desapariciones y criminalidad que son el pan de cada día, así como la violación sistemática y reiterada de los derechos humanos a través del otorgamiento de concesiones a empresas mineras eólicas, hidroeléctricas y la política de privatización del agua, la contaminación transgénica de los maíces criollos y la extracción de petróleo y gas mediante la tecnología de fracking o fractura hidráulica.

Esto, argumentaron, ha provocado zozobra, malestar e incertidumbre en comunidades originarias, debido a los altos impactos ambientales, culturales-sociales, económicos, ecológicos y espirituales que traen esos proyectos, violando el convenio 169 de la OIT.

Alertaron que planes como las zonas económicas especiales y el TTP, son complemento de la reforma energética, legalizan el saqueo para generar el despojo masivo, justifican con las ocupaciones temporales expropiaciones de tierras y la biodiversidad, fortalecen el latifundio empresarial y, hoy, más del 25 por ciento del territorio nacional está concesionado bajo este esquema.

Aunado a los bloqueos ciudadanos y el malestar social ante el alza de la gasolina, indicaron, las autoridades demuestran una falta de sensibilidad social. “Mientras el salario mínimo subió un 7%, las gasolinas: 14.2 por ciento la magna, 20.1 la Premium y el Diésel 16.5. Esta política económica está generando una reacción inflacionaria de bienes y servicios, bajando considerablemente el poder adquisitivo de las familias en más de un 20 por ciento en las zonas indígenas y campesinas”, agregaron.

Cabe mencionar que la toma de la delegación de Sedatu en Guerrero es parte de un movimiento nacional que al momento ha durado 3 días con protestas en empresas privadas, dependencias federales que tienen que ver con el campo, agua, recursos naturales, programas de asistencia social, construcción de viviendas, zonas indígenas y derechos humanos. Se prevé que esta jornada concluya el 20 de enero.

Solicitan a las autoridades armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales que contengan derechos humanos, la legislación nacional con el convenio 169 de la OIT determinando el carácter vinculante de la consulta con consentimiento previo libre e informado, en los términos establecidos por la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También que el gobierno mexicano cumpla con las 14 recomendaciones para México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Zeida Ra Ad Hussein, como resultado de la visita oficial al país en octubre de 2015.

Alto a los gasolinazos y al alza de los productos básicos como la tortilla, mayor presupuesto para las comunidades indígenas y campesinas, cancelación de las concesiones mineras o megaproyectos que atentan contra el bienestar de los pueblos en la Montaña de Guerrero.

Justicia para Ayotzinapa y Antonio Vivar Díaz, alto al hostigamiento, persecución, criminalización y judicialización de los movimientos sociales y líderes de las organizaciones, cancelación de las mal llamadas reformas estructurales, vivienda, salud, educación, democracia por la defensa de la patria y desarrollo nacional.




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