El obispo Rangel debe denunciar penalmente a autoridades que están coludidas con narcos: Navarrete

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*De lo contrario sus dichos son sólo estridencias, afirma

Chilpancingo, Gro. 06 de Marzo del 2017 (IRZA). – El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Ramón Navarrete Magdaleno, opinó que las declaraciones del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, “no ayudan a Guerrero”, y lo convocó a presentar sus denuncias por la vía institucional.




“A mi juicio tendría que ser (la denuncia) ante la Agencia de Ministerio Público. Lo que no se hace por la vía institucional es con otros fines, y no precisamente de ayudar a Guerrero”, consideró.

“Como ciudadanos todos estamos obligados a colaborar, pero si no tengo elementos para denunciar a alguien, no puedo comprometer a la institución denunciando sin evidencia a alguien”, agregó.

El sábado 3 de marzo, Salvador Rangel insistió en que la incesante violencia en Guerrero tiene que ver con la participación de políticos y autoridades con grupos de la delincuencia organizada dedicados al negocio de las drogas, entre otros delitos.

“De la amapola que se siembra en la Sierra y en la Montaña del estado se saca la goma de opio, corre y llega hasta su destino. ¿Quién la lleva? ¿Quién la protege? Y ¿por qué permiten que salga? Lo que quiere decir que hay muchas autoridades coludidas en este negocio”, afirmó el clérigo.

Cuestionado al respecto, Navarrete sugirió al obispo “acudir a las instituciones” si tiene “alguna evidencia” de su afirmación, porque de lo contrario “es sólo un estridente” que no abona a mejorar la paz y armonía social de la entidad.

Aunque opinó que el jerarca católico hace uso de su libertad de expresión, también dijo que ésta “es responsabilidad de cada quien”.

“Si el uso de las libertades es para lograr mejores estadios de vida, lo que sigue es presentar una denuncia penal, porque si no queda en el ambiente una duda, una imputación que no ayuda en nada”, insistió.

No hay solicitudes de protección

Cuestionado sobre solicitudes de medidas cautelares por el aumento de la violencia en la entidad, el ombudsman guerrerense indicó que hasta el momento no tienen ninguna petición en ese sentido.

Recordó que en 2015 se autorizaron esas medidas al reportero Cecilio Pineda Birto, a raíz del atentado que sufrió en ese entonces y del cual salió ileso. Sin embargo, fue asesinado a balazos la tarde del jueves 3 de marzo de este año en Ciudad Altamirano.

Expuso que también es incómodo estar custodiado por elementos policiacos, por lo que algunas personas solicitan que se realicen rondines por sus hogares, en sus centros de trabajo y por donde se desplazan, en lugar de protección personal directa.